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Diversos organismos de diversos sectores en el estado manifestaron su preocupación por el impacto económico que generaría la entrada en vigor de los impuestos ecológicos estatales, avalados en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, a partir del comienzo del ejercicio fiscal 2019.
Consideran que la Ley de Hacienda del Estado no es clara en la interpretación del procedimiento de cálculo de los impuestos ecológicos, por lo que, creen que los cobros de dichos impuestos alcanzarían cantidades millonarias que además de poner en riesgo la operación de todas las industrias del estado, de empresas de otros sectores como: energía, acero, automotriz, agropecuario, residuos, comercio y servicios, también afectaría de manera considerable la economía de los municipios.
Por tanto, solicitaron la derogación de estos impuestos de manera permanente.
Dejaron en claro que ninguna de las organizaciones presentes, entre las que se cuentan: APEAM, Coparmex, Canacintra Uruapan, Canacintra Zamora, Canaco Morelia, Canaco Uruapan, Grupo Empresarial Uruapan y AIEMAC, forman parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán y por tanto no comparten las decisiones o acuerdos que dicho organismo haya firmado con el gobierno del estado con respecto a algunos impuestos estatales.
Señalaron que la ley no especifica un destino claro respecto a la aplicación de los ingresos que el estado recibiría por este concepto.
Recordaron también que el estado actualmente capta ingresos por trámites ambientales tales como: Cédula de Operación Anual (COA), Licencia Ambiental Única (LAU), Registro Generador de Residuos de Manejo Especial, Transporte de residuos, Estudios de Impacto y Daño Ambiental, entre otros.
Finalizaron haciendo un llamado a la congruencia del gobierno del estado quien, declararon, está dando un mensaje erróneo inhibiendo a la inversión y poniendo en riesgo las empresas que ya se encuentran en el estado.
Aseguraron que, de dar continuidad a los impuestos ecológicos, habría riesgo del cierre de industrias manufactureras y el traslado de inversiones a otros estados o países, afectando a cientos de miles de empleos, colapsando la economía estatal.
