Ciudadanos Emergentes… La Administración Pública.
By: Lic. Ismael Ibarra
La administración pública es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos, que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico.
La administración pública comprende elementos de carácter técnico (sistemas, procedimientos), político (políticas gubernamentales) y jurídico (normas jurídicas).
Abarca un conjunto de áreas del sector público que se encargan de gestionar y ejecutar los recursos humanos, financieros, actividades socioeconómicas y obras públicas, así como elaborar presupuestos y programas que alcancen las metas del Estado.
Algunos de los cargos que se pueden desempeñar dentro de la administración pública son, por ejemplo, los empleados administrativos de los diferentes organismos públicos, en el servicio de la salud están los médicos y los enfermeros, en el área educativa se desempeñan los maestros y profesores, en cuanto a protección civil están los cuerpos de bomberos, y en cuanto a seguridad pública se encuentran los organismos policiales.
La palabra administración se deriva del latín ad- que significa ir o hacia, y ministrate que quiere decir servir.
Como afirmó Ban Ki-moon: “Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la primera línea de defensa. La aplicación de los objetivos de desarrollo ( ) se basa en gran medida en la labor de los funcionarios públicos –su liderazgo, sus capacidades y su innovación en la prestación de servicios vitales”.
Con el arribo a la democracia, llegamos a pensar que los problemas que enfrentaba nuestro país se iban a resolver de forma casi inmediata, dado que, fruto del proceso democrático, se elegiría a los mejores gobernantes.
Hoy sabemos que no siempre sucede así, la legitimidad política no garantiza de suyo la eficacia técnica. Por ello, es fundamental que, así como se han hecho innumerables esfuerzos por fortalecer la legitimidad democrática, también se impulse con el mismo afán la calidad en la gestión pública. Hay varios ejemplos de áreas que se han modernizado en México, sobre todo en el ámbito federal. Pero esos esfuerzos abarcan una mínima parte de la administración pública del país.
En primer lugar, como señala Luis F. Aguilar, uno de los principales estudiosos de la gerencia pública en México, es necesario que los políticos y administradores gobiernen bajo políticas públicas y no conforme a ocurrencias. “Lo específico y peculiar de la Política Pública –asegura Aguilar– consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente”. Y añade que, “el foco cognoscitivo de la Política Pública no es la validez institucional del régimen o de la acción del gobernante, sino la validez directiva de las decisiones del gobernante”.
Los políticos y administradores públicos deben pensar en cómo dar coherencia y continuidad a las acciones que emprenden, para actuar con mayor capacidad estratégica, evitar desperdiciar recursos y obtener mejores resultados. El crear programas sin un soporte serio que los sustenten, convierte a la administración pública en un ente que sólo da “palos de ciego”.
Los planes de desarrollo no bastan, son muy genéricos, se requieren estudios técnicos que nos permitan visualizar el verdadero impacto de lo que se quiere alcanzar con la intervención pública.
La otra idea que puede servir para reformar el gobierno, es la necesidad de construir sistemas de evaluación del desempeño para la administración pública, ya que, por un lado, hay políticas que deben continuar, y que a veces se interrumpen porque llega un nuevo gobierno y no le interesa preservar lo que otro inició, pero, también hay planes y programas que deben suprimirse porque no agregan valor alguno al desempeño gubernamental.
David Arellano, en el libro Sistemas de Evaluación del Desempeño para organizaciones públicas, afirma: “…desde la visión de gestión por resultados ( ) es necesario que el logro de los objetivos y del impacto de la acción gubernamental sea incorporado como un criterio sustantivo del éxito del propio gobierno, más allá del simple acatamiento de normas o procesos formales. [ ] La idea, en otras palabras, es que una acción gubernamental capaz de rendir cuentas no sólo en términos de normas y procedimientos, sino de efectos concretos, medibles y alcanzables, es la mejor vía para construir gobiernos que pueden en verdad resolver problemas sociales ingentes. El encadenamiento racional de la acción gubernamental, en este sentido, encuentro en los sistemas de evaluación del desempeño (SED), su mejor esperanza”. Estos sistemas de evaluación requerirán, entre otros elementos, de indicadores de gestión que permitan medir el grado de eficacia de las acciones llevada a cabo.
Todo esto sólo será posible si los ciudadanos estamos dispuestos a exigir mejores administraciones públicas y si los gobiernos, partidos políticos y centros de educación superior apuestan por una formación política con capacidad técnica, sentido ético y compromiso social.
Arturo Ismael Ibarra Dávalos. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Catedrático de la misma. Preside la asociación civil Bien Común Michoacán y la sociedad civil Por la Mejora en el Ámbito del Trabajo. Es Secretario General del Foro Política y Sociedad.
Correo electrónico de contacto arturoismaelibarradavalos@hotmail.com
