¿A dónde van los desaparecidos?// By @dr00giemark

¿A dónde van los desaparecidos? Los orígenes del sistema penitenciario mexicano
Por Marco Ballesteros

Sinceramente en esta ocasión quiero salirme del tema electoral tan en boga en los medios, ello por una sencilla razón: los candidatos y su falta de propuestas reales o efectivas me tienen bastante aburrido.

Aunque hay mucha tela de donde cortar, como la guerra sucia que continúa entre todos y la declinación de Gerardo Dueñas en favor de Silvano Aureoles pretendo que los candidatos descansen de mí, y yo de ellos. Otras temáticas son importantes, recientemente  en materia de seguridad han ocurrido cosas en Tanhuato y han liberado a los presuntos culpables de los atentados del 15 de septiembre de 2008 en la plaza Ocampo, pero hablar de eso en estos momentos es bastante complicado o peligroso, al menos por ahora quiero mantenerme con vida.

Como historiador que soy quiero hablarles de algunas cuestiones de seguridad ya que en el sexenio de Felipe Calderón, quién seguramente le gustaba de niño jugar a las guerritas  o a los policías y ladrones, se encargó de hacer nuevas cárceles de máxima seguridad por todo el país; el año pasado se reformó el sistema de justicia penal; e igualmente tras más de un año de haberse fundado las autodefensas, movimiento en sus inicios noble, con el paso desvirtuado, algunos ya le entraron a la política mientras otros siguen presos injustamente.

Por estas cuestiones disertaré sobre los orígenes y funciones del sistema penitenciario en México y de los presos políticos. Trataré de explicarles un poco de su establecimiento, lógica y funciones del primigenio sistema penitenciario así como analizar el sentido y naturaleza del delito político. Cualquier parecido con la realidad actual, es mera coincidencia.

Debemos tomar en cuenta que los sistemas penitenciarios se fundaron en Europa Occidental a la par de la consumación del Estado moderno a finales del siglo XVIII y/o principios del siglo XIX. Estos tenían por objeto corregir, controlar y vigilar  a los estratos sociales bajos de la sociedad. En esos tiempos, el caso inglés  y con el establecimiento de algo llamado la Ley de Pobres  en la década de 1830 contribuyó a homogeneizar y universalizar el sistema de castigos  y condenas entre la sociedad.

Posteriormente, ante las crecientes manifestaciones populares-sindicales, producto de la avanzada del capitalismo y  las modificaciones en las formas de  explotación, acumulación y distribución de la riqueza, el sistema carcelario del siglo XIX  se redondeó y se exportó al resto de Occidente.

En el caso mexicano, durante los primeros años de vida independiente era normal que los presos estuvieran “recluídos” en seminarios, conventos, presidios militares, en arraigo domiciliario donde recibían visitas de forma indistinta, e incluso estuvieran “presos” en la ciudad, sin restricciones de movilidad dentro de la misma, bajo la condición de no abandonarla. Por ello, hasta el Porfiriato fue que se aplicaron las modificaciones de la modernidad, con la finalidad de contener de forma definitiva los conflictos internos del país, preservar al Estado, instituciones y el orden social.

El reo común, encarcelado bajo principios morales laicos y religiosos  era adiestrado con finalidades económicas y  de regeneración durante el tiempo que purgaba su pena, posteriormente  sería reinsertado a la sociedad. El preso político por su parte,  era recluido con la intensión de  que no alterase el orden vigente, polarizase a la sociedad o contribuyese al resquebrajamiento institucional. Para encarcelarlo con facilidad, a este sujeto político, podían imputársele delitos del fuero común  e incluso acusarlo de traición a la patria, soberanía  e integridad nacional.

El preso político por lo tanto  contaba con ciertas características, algunas se mantienen vigentes: Como el crimen en cuestión es una acción disidente contra el Estado, donde se manifiesta la inconformidad de un sector de la sociedad contra el sistema y su deterioro. Los móviles del delincuente político pueden considerarse “altruistas”, es decir, este se sacrifica  para luchar por lo que considera justo, busca la igualdad e incluso, si existen condiciones, suprimir el sistema gubernamental vigente para su reconfiguración.

Debido a estas condiciones, el criminal político, podía gozar de la simpatía de la sociedad, cuando sus objetivos e ideales se consideraban  positivos y/o eran aceptados  por los habitantes. Ejemplos sobrarían, en Michoacán por estas cuestiones los autodefensas podrían ser catalogados como delincuentes a decir del Cu@$#$%$%  de Alfredo Castillo. Pero la sociedad los consideró (y así lo creo)  como defensores legítimos de sus garantías individuales y propiedades. Asumimos entonces que como ahora, en el Porfiriato existía una línea delgada y confusa entre el delito común y el político, e incluso  en la defensa de los ideales  y derechos colectivos los “rijosos” podían violar la ley a manera de daño colateral, condición que el gobierno ha aprovechado históricamente para encarcelar a sus perseguidos.

Invariablemente por lo tanto, las tenciones entre sectores sociales inconformes y el régimen “legítimo”  se agudizan en medida de que el sistema muestra rasgos de putrefacción. En el caso del Porfiriato esto ocurrió  a partir de la última década del siglo XIX. Aunque la dictadura del General Díaz  logró la definitiva pacificación del país, se respiraba el orden y progreso, “movían a México”   y se alcanzaron  niveles de crecimiento y desarrollo económico por encima de la media internacional, al interior de la nación prevalecían  violaciones al sistema electoral, se subordinó a los poderes de la Unión y de los Estados (ejem, ejem) al Ejecutivo Federal y además la población en general careció de libertades políticas.

Estas cuestiones ocasionaron que diversos grupos de intelectuales, periodistas, laboristas, agraristas, etc.,  se manifestarán contra el Régimen. En el génesis del siglo XX, los focos disidentes corrían el riesgo de convertirse en grupos revolucionarios, lo cual ocurrió a partir de 1910.  Para intentar prevenir y evitar dicha situación, el Estado mexicano dictatorial implementó diversos castigos al interior y exterior  del sistema penitenciario.

Extra muros, prevaleció en los diversos niveles de gobierno la represión, el destierro, exilio, deportaciones, trabajos forzados en las obras de infraestructura implementadas en el proceso de modernización, la vigilancia extrema d elos sospechoisos y el cateo de sus bienes y propiedades.

En la cárcel, el preso político ingresaba a la “sociedad penitenciaria” mediante un proceso que implicó su degradación  social, política e intelectual, mismas que permitían que se controlaran sus acciones en reclusión. En síntesis, al reo político se le despoja de su condición humana, social  y cognitiva, se le dota de una nueva identidad: un número de serie, aislado, segregado y en condiciones de vida precarias. Una vez ocurrido el ritual, al preso político se le buscó suprimir, eliminar su espíritu, ideales y su existencia terrenal.

A pesar de esta cruel realidad, presente, pretérita y futura, y aunque suene paradójico, el preso político podía en su reclusión en cualquiera de los centros de la época, como San Juan de Ulúa, Lecumberri, etc., podía cultivarse intelectualmente, si había chance claro, preparar la ofensiva o disidencia, meditar y forjar mecanismos de  acercamiento o negociación con otros grupos disidentes. (¿Saben de quién hablo?, ¿Les suena conocida la analogía?, adivinen adivinadores, solo espero que no le hayan cocinado el cerebro en Sonora, siga con vida y le liberen pronto, como a todos los que están injustamente encarcelados por capricho del Virrey.)

A manera de conclusión señalo que aunque no lo parezca el sistema penitenciario no tenía la intensión en sus orígenes de convertirse en las universidades del hampa, sino de preservar el status quo de la sociedad. Aunque se supone que debía eliminarse la justicia por mano propia, el destierro y el asesinato con tintes políticos, estos se siguieron  utilizando y continúan vigentes.

Un sistema penitenciario es necesario para regular la conducta social, cierto es, pero lamentablemente el construir presidios de máxima seguridad en lugar de escuelas, tener una constante cacería de brujas y de persecución contra quienes intentan defenderse de abusos, pero sobre todo del jodido sistema judicial y legal prevaleciente; y al mismo tiempo echar bombo y platillo señalando que el país es pacífico, así como en el lejano Porfiriato, todas esas cuestiones hablan de la putrefacción del sistema, esto huele más feo que el Culo de Satanás. Repito, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia.