STAFF/@michangoonga/Alejandro Amado
Al menos 150 familias de jornaleros agrícolas de origen purépecha que trabajan principalmente en la pizca de jitomate en Tanhuato han venido siendo víctimas de intimidaciones, actos violentos y abusos por parte la encargada del Albergue, Juana Alamo Alamilla, quien tiene el respaldo del presidente municipal de ese municipio, Humberto Ramírez Jaramillo, así lo denunció Sofía Blanco, integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos.
Específicamente denunció el cobro de 210 pesos semanales por habitación ocupada en el albergue, y es que anteriormente se cobraba 35 pesos por persona, pero de acuerdo a las autoridades deben caber seis personas, por lo que les cobran 210 pesos, se reúnan o no las seis personas. Además, están realizando el cobro de un depósito, como si de la renta de un inmueble se tratara.
Hay además cobros por alimentos y por el servicio de limpieza, así como amenazas de retirarles el servicio de luz y agua, además han arreciado los hostigamientos a raíz de que se atrevieron a denunciar los abusos cometidos. Realiza además la administradora un sesgo arbitrario para recibir a familias jornaleras que solicitan estancia en el Albergue.
Detalló que los jornaleros ganan alrededor de 150 pesos diarios por lo que es insostenible el pago por su estancia en un albergue que recibe además recursos públicos. Calificó como inconcebible que la encargada utilizara cuatro policías municipales para cobrar “sus rentas” cuando son personas de escasos recursos a pesar de sus largas faenas de trabajo y a las que incluso se les pone una especie de tienda de raya, pues no pueden ingresar con productos ajenos y los que venden ahí tiene precios por arriba del valor promedio. Ante ello ya se presentó un amparo colectivo por los abusos y ya se concedió una suspensión provisional de la cuota y la no expulsión de familias por no pagar las cuotas.
Señaló que son familias enteras las que están siendo violentadas, incluyendo adultos mayores, mujeres y niños, que llegan a Tanhuato principalmente de la región purépecha, un 80 por ciento de ellos hablan la lengua castellana, pero les cuesta trabajo comunicarse. Se trata de jornaleros migrantes temporales que regresan a sus comunidades en diciembre o se van a otros lugares a trabajar.
