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Al menos 16 gobiernos estatales y dependencias federales de México han pagado 100 millones de pesos a una empresa de «ciberseguridad».
De acuerdo a las declaraciones por parte del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, los «equipos» de espionaje se adquirieron en la administración de Felipe Calderón, sin embargo la empresa de ciberseguridad italiana «Hacking Team», pone en evidencia pagos hechos en esta presente administración de Peña Nieto.
La contratación del software de espionaje se realizó en algunos casos a través de intermediarios, los cuales ya han firmado con varios gobiernos de México para equipos se seguridad físicos y digitales.
Hacking Team vende software malicioso bajo la fachada de ser una empresa de ciberseguridad a 35 países entre ellos algunos son señalados por graves violaciones a derechos humanos.
El dinero entregado o comprometido de pago a la compañía italiana, convierte a México en el principal cliente por encima de países como Rusia, Uzbekistán, Sudán, Chipre o Egipto; además, algunas de las empresas mexicanas que contratan estos «servicios» son por ejemplo el CISEN, la Policía Federal y Pemex, incluyendo también a estados como Jalisco, Querétaro o el Estado de México.
El software adquirido por los estados, empresas o dependencias es principalmente el conocido como Remote Control System, bautizado por los mismos italianos como «Da Vinci», es un programa malicioso que se instala incluso en teléfonos celulares, permitiendo extraer cualquier tipo de información o registrar lo que se oprime en un teclado.
En el supuesto marco de lo legal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otra leyes generales, los únicos facultados para realizar una intromisión de comunicaciones privadas y siempre en el marco de una investigación previa, son las agencias del Ministerio Público, Fiscalías y los órganos de inteligencia; por lo que las instancias mencionadas como el Cuerpo de Seguridad Auxiliar Mexiquense o Pemex no tienen estas facultades.
Las filtraciones demuestran que múltiples autoridades mexicanas han gastado cerca de 100 millones de pesos para espiar a la población. Resulta particularmente preocupante que algunas autoridades ni siquiera tengan facultades para la intervención de comunicaciones privadas. Resulta urgente una investigación seria e imparcial pues existen altos indicios de que al menos algunas autoridades han contratado y utilizado estas formas de vigilancia de manera ilegal.
Con info de Animal Político
