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Reduce Poder Judicial, 80% Pago De Fianza De 100 Autodefensas

STAFF / Matilda Martínez

rueda de prensa Movimiento Ciudadano
Foto Vía: Matilda Martínez

La defensoría legal de 100 autodefensas que están por cumplir 3 años en prisión, logró que el Poder Judicial, disminuyera alrededor de 70 por ciento el pago de las fianzas, situación que genera una esperanza de que puedan alcanzar su libertad.

En rueda de prensa, el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez y el abogado defensor de los autodefensas, Ignacio Mendoza Jiménez, precisaron que el monto global de las fianzas de estas 100 personas, ascendía a los 2 millones 160 mil pesos, pero solicitaron una revisión del monto y lograron que se disminuyera a 680 mil pesos en total.

El jurista explicó que continuarán con un amparo para disminuir aún más esta cantidad, derivado a que en su totalidad, los autodefensas detenidos eran campesinos, obreros y jornalistas que gozaban en libertad de un salario no mayor a los mil pesos semanales, aunado a que desde su detención no han percibido una remuneración económica.

Dijo que es necesario que las fianzas se determinen en base a los criterios y una realidad más cercana a los detenidos, para que estos puedan finalmente tener una justicia a su alcance.

Por su parte, el también diputado local, Daniel Moncada Sánchez, reiteró su llamado al gobierno del estado, para que cumpla con la promesa que realizó a los autodefensas y los apoye económicamente para que puedan obtener su libertad.

Recordó que desde que se fijó la primera fianza por 2 millones 160 mil pesos, el gobierno estatal se comprometió apoyarlos, pero no respondió, posteriormente informó que buscaría los recursos a través de una afianzadora pero no logró y finalmente determinó que la cantidad era muy alta y no contaba con los recursos suficientes para sufragar el pago correspondiente.

Ambos defensores de los grupos de autodefensa presos durante la administración del excomisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, aseguraron que el delito que se les imputa a las 400 personas presa, “no tiene razón de ser” y han tenido que realizar “malabares jurídicos” para registrar mínimos avances y calificaron el sistema como una “verdadera injusticia”.

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