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Senado Rechaza Propuesta Para Consulta Popular Sobre Reducción De Sueldo A Peña Nieto

STAFF/@michangoonga

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La petición de senadores del PAN y el PRD para realizar una consulta popular en el 2015 en la que los ciudadanos respondieran si están o no de acuerdo con la reducción de 50% de las remuneraciones y prestaciones del presidente de la República y altos servidores públicos federales fue declarada improcedente por la Comisión de Gobernación del Senado.

También  declaró improcedente que se emita una ley que fije límites máximos a las percepciones de los funcionarios; no obstante, los integrantes de la Comisión que preside Cristina Díaz (PRI) acordaron emitir un exhorto a la Cámara de Diputados para que vote lo más pronto posible la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que enviaron los senadores el 8 de noviembre del 2011 y que está congelada en la Cámara Baja.

La mayoría de los senadores incluidos perredistas como Armando Ríos Piter, no dieron su visto bueno a la petición debido a que las remuneraciones de los funcionarios son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, además de que la ley no permite que sean objeto de consulta popular los temas sobre ingresos y gastos del Estado.

Por su parte la senadora Cristina Díaz advirtió que avalar una propuesta de consulta con tema de gastos o ingresos puede dejar un precedente “muy delicado”, por ello la mejor salida es solicitar a la colegisladora un trabajo en conferencia para descongelar la minuta de remuneraciones de los servidores públicos “y acabar con una discusión bizantina”.

Pero el panista Javier Corral declaró que la Comisión se adelantó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que tiene la función exclusiva de indicar la constitucionalidad o no de las consultas populares.

Apenas en septiembre pasado, 47 senadores del PAN y el PRD encabezados por Roberto Gil y Luis Sánchez, solicitaron la consulta popular sobre el tema de reducción de salarios de altos mandos, al argumentar que esto implicaría un ahorro para el Estado de aproximadamente 20 mil millones de pesos.

*Con info de El Economista

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