STAFF / @michangoonga
Michoacán cuenta con muchas fortalezas para la entrada en vigencia del Nuevo sistema de justicia penal, señaló María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal (SETEC).
En reunión sostenida con los integrantes del órgano implementador en la entidad, el día de ayer en el Antiguo Palacio de Justicia, la Secretaria fue informada sobre los avances del Programa de Acompañamiento proporcionado por SETEC a solicitud de la instancia ejecutora del estado.
Fromow Rangel, conoció de voz de los expertos encargados del programa, las acciones que ha desarrollado el Consejo en cada uno de los ejes: Capacitación, infraestructura, reorganización institucional, normatividad, tecnologías de la información y difusión; además, se informó de la coordinación establecida con las instituciones operadoras.
El Presidente Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo estar satisfecho con el trabajo hasta ahora realizado, sin embargo reconoció que “es necesario intensificar los esfuerzos en cada una de las áreas”. “Tenemos poco tiempo, estamos a menos de nueve meses de llegar a la fecha establecida para la entrada en vigor en las primeras regiones, Morelia y Zitácuaro. Las cuales iniciarán en esta nueva forma de impartir justicia el 7 de marzo del 2015”, señaló.
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, agregó que una de las prioridades del órgano implementador estatal es capacitar a los operadores necesarios para las primeras cuatro regiones “tenemos enfocados nuestros esfuerzos en las cuatro primeras regiones (Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Zamora).
En lo que refiere a las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán que aplicarán el nuevo sistema judicial a partir del 9 de mayo de 2016, Llanderal Zaragoza comentó que el proceso de adecuación de instalaciones, difusión, capacitación e instalación de tecnologías de la información se programará para el ejercicio fiscal del siguiente año.
Durante la presentación del programa de acompañamiento, los consultores expusieron que en Michoacán existen muchos puntos de fortaleza para la implementación, como la planeación y las acciones tácticas que se han venido desarrollando desde años anteriores, destacaron también los trabajos que se han realizado para sistematizar la información y los avances en el sistema informático de gestión que facilitará el trabajo y el registro las acciones de los operadores, así como la comunicación entre las diferentes instancias intervinientes en el nuevo sistema; las campañas de difusión y los trabajos en materia de normatividad y capacitación también han sido importantes, sin embargo, se dijo que en los últimos dos ejes, por las condiciones particulares de la Entidad, habrá que retomar e intensificar las acciones de cara a la próxima entrada en vigor del sistema acusatorio; asimismo deberá acelerarse la gestión de los recursos para las reestructuras institucionales y la infraestructura necesaria.
De igual forma informaron, que la adecuada coordinación entre el órgano implementador y las instituciones operadoras: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Instituto de Defensoría Pública y el Poder Judicial, permitirá que “la entidad esté en condiciones de cumplir en tiempo con las actividades establecidas en la planificación para la implementación gradual del Nuevo sistema de justicia penal en Michoacán”.
En la reunión con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel estuvieron presentes los integrantes del Consejo implementador: el Presidente, Juan Antonio Magaña de la Mora, el magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, el consejero Jorge Resendiz García y la juez Amalia Herrera Arroyo, por el Poder Judicial; la Diputada Cristina Portillo Ayala, por el Poder Legislativo; el Secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, el Procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Bernardo Trelles Duarte, y Víctor Manuel Magaña García, como representante de la Secretaría de Seguridad Pública, por el Poder Ejecutivo, así como la Secretaria Ejecutiva María de los Ángeles Llanderal Zaragoza y Javier Valdespino García, Director del Instituto de Defensoría Pública.
