Desarrollo agropecuario y social para lograr paz con justicia en Tierra Caliente: Fidel Calderón
STAFF / @michangoonga
Se requiere que el Estado Mexicano destine mayor inversión pública para reactivar la actividad agropecuaria en Michoacán y en forma más decidida en la región de Tierra Caliente, para con ello normalizar la actividad económica en aquellos municipios que han tenido graves problemas de inseguridad, manifestó Fidel Calderón Torreblanca, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, durante los encuentros que sostuvo con militantes y simpatizantes del Sol Azteca en Apatzingán, Parácuaro y Gabriel Zamora.
Calderón Torreblanca, expresó que la inversión pública en el campo, la generación de condiciones para la inversión privada, un fuerte impulso al autoempleo, así como incentivos fiscales para los productores e inversionistas, deben ser parte de la estrategia integral para la reactivación económica de esa región.
Para tal efecto es indispensable dar certeza jurídica a todas las formas de propiedad que establece nuestra Constitución, por lo cual urge que – como parte de la estrategia integral para la reactivación económica y se logre la paz con justicia-, se restituyan a sus legítimos propietarios los ranchos, huertas, parcelas, casas, vehículos y ganado, de los cuales fueron despojados por personas que actúan al margen de la ley.
Abundó que el Estado debe generar condiciones para la inversión privada en la región y la mejor forma es implementando un ambicioso programa económico y social para atender las desigualdades.
Se requiere que la presencia de los cuerpos federales de seguridad se acompañe de un programa claro y focalizado de inversiones en el campo, tomando en cuenta que la región de la Tierra Caliente michoacana tiene vocación agropecuaria, forestal y minera. Sobre esta última, resaltó que es necesaria la promoción y el aliento para que se aproveche esa riqueza de forma legal, con el propósito de apuntalar la actividad económica de la región.
Explicó que la nueva Ley de Minas contempla que las empresas deben aportar el 5 por ciento de utilidad a la Federación y de ahí se destinará el 50 por ciento a los Ayuntamientos en donde se encuentran las minas.
