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Un grupo de alrededor de 30 personas, víctimas de los granadazos del 15 de septiembre acudieron esta tarde al Congreso del Estado para solicitar sea aclarado el decreto recién expedido en el que se ordena el otorgamiento de parte del gobierno estatal de 57 pensiones de las cuales 13 son vitalicias y 57 temporales,sin que se conozca el nombre de los beneficiarios.
Varias de las víctimas son madres de familia que aún tienen esquirlas de las granadas incrustadas en brazos, piernas, abdomen incluso, lo cual las mantiene incapacitadas para laborar.
«Pasan los años y sigue la cosa igual, los tres niveles de gobierno han prometido todo y no cumplen. Mi hija y yo fuimos afectados, tenemos esquirlas en piernas, debo tomar medicamento controlado y no he recibido en todo este tiempo apoyo alguno», lamentó Erick Hernández padre de familia afectado.
Por su parte, a nombre del Congreso el diputado perredista Manuel López se ofreció a revisar sus casos dado que una de las quejas más constantes en el encuentro fue que varios de los presentes no fueron tomados en cuenta dentro del padrón de beneficiarios sin que además se les haya tomado en cuenta para integrarlo.
Ante lo cual el legislador señalo que mediante el decreto aprobado este día en sesión se da posibilidad de revisar de nueva cuenta los casos en particular e incluso ampliar el número de beneficiarios, siendo que ahora será la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y no directamente el Ejecutivo estatal para así eliminar burocracia.
