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La gran corrupción en las altas estructuras gubernamentales en México es completamente visible y sin duda, uno de los resultados que se han generado a partir de no poder presentar a ningún funcionario público ante proceso penales, es decir, el dichoso y afamado fuero.
El 2007 fue una fecha que pudo haber sido histórica para bien, para un cambio a un sistema sin tanta corrupción e impunidad, sin embargo, antes de retirarse el escudo y cobijo, decidieron dar marcha atrás a la iniciativa. Fue durante la LX legislatura en que Pablo Gómez Álvarez, entonces senador del PRD, promovió una iniciativa para reformar el sistema de inmunidad de los integrantes de los poderes públicos sin la necesidad de remover el fuero.
La última vez que se intentó tomar una iniciativa de esto fue en el 2011 donde de nuevo fue rechazada, y hasta el 5 de marzo del 2013 se le hicieron pequeños cambios a la minuta, aprobados en la cámara de diputados. (ojo, se discutió e hicieron cambios a la minuta, no se aprobó la misma)
Las reformas en materia de inmunidad de servidores públicos han sido omitidas durante los últimos dos años, son los senadores del PRI Enrique Burgos García y Graciela Ortiz González quienes presiden las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, quienes en estos años no han siquiera puesto nueva fecha para reiniciar su trámite.
La propuesta que se rechazó hace siete años propone cambios a los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política en materia de inmunidad de servidores públicos. Se rechazó, supuestamente, porqu eno se podían poner de acuerdo en si esta propuesta también retiraría la inmunidad penal del Presidente de la República.
La discusión se ha vuelto a abrir a tema debido a la reciente captura del Ex- Edil de Iguala, José Abarca, en el caso Iguala. El PAN lo ha traido a colación con sus recientes propuestas de Sistema Nacional Anticurrupción. Sin embargo, el tema aun no resuelve si esta propuesta eliminará las facultades de inmunidad de el Jefe del Ejecutivo Federal.
La reforma pendiente a lo largo de 3 legislaturas establece que todo integrante de poder público, incluidos legisladores, ministros de la SCJN, autoridades en materia electoral, gobernadores y presidentes municipales, podrán ser sujetos a procesos penales en el caso de que un juez lo requiera.
