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La Procuraduría General de Justicia del Estado, en comunicado de prensa, publicó que obtuvo sentencia condenatoria de 20 años de prisión para una persona relacionada en un homicidio ocurrido en el mes de mayo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría de Educación.
El agente del Ministerio Público adscrito al juzgado correspondiente presentó y sostuvo cada una de las pruebas condenatorias en contra de un profesor identificado como Ramiro H. , que acreditaban su responsabilidad del estudiante del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, de 23 años de edad.
De acuerdo a las constancia del proceso, el día de los hechos aproximadamente a las 13:30 horas, Ramiro H. se encontraba frente a la oficina de pagos de dicha institución, sitio donde fue sorprendido por el ahora occiso, quien tras sujetarlo por la espalda, le indicó que no realizara ningún movimiento y que lo tenía que acompañar donde se encontraban otras personas que ya lo estaban esperando.
En un momento determinado, el profesor sacó de su portafolio una pistola calibre 45 mm, misma que accionó en contra de Héctor Manuel Maldonado quien cayó herido de gravedad.
El ofendido aún con vida fue auxiliado y trasladado a un nosocomio particular de esta ciudad, lugar donde minutos después dejó de existir a consecuencia de las cuatro heridas de proyectil de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.
En esa ocasión el homicida trató de darse a la fuga, sin embargo fue requerido por el mismo personal de la institución y entregado a las autoridades del Ministerio Público, mismas que una vez que integraron la Averiguación Previa correspondiente, acordaron su consignación ante el órgano jurisdiccional correspondiente.
Una vez que concluyó el proceso, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria a Ramiro H., de 20 años de cárcel, al acreditarse el delito de homicidio calificado y su plena responsabilidad penal.
Con esta resolución condenatoria que ha obtenido por parte de un Juez Penal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso ante la ciudadanía de combatir los delitos de su competencia, con el objetivo de hacer prevalecer el estado de derecho y recuperar la confianza de la sociedad.
