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CIDH Responsabiliza Al Estado Mexicano De Normalistas Desaparecidos

STAFF / @michangoonga

“El ataque y la desaparición de los 43 Normalistas en Iguala, Guerrero, es responsabilidad del Estado mexicano, pues se configura como un caso de desaparición forzada, al participar servidores públicos” Dijo contundentemente  Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo que expresó dentro de una entrevista realizada a través de Noticias MVS, “México ha suscrito convenios internacionales sobre esta materia y en ellos asume su responsabilidad en los casos de desapariciones forzadas”, recordó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió respecto a la asistencia que solicitó el Gobierno Federal por el caso iguala. Según comentó Álvarez Icaza,  se decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos del pasado 26 de septiembre; lo hizo de una manera excepcional, por la “gravedad de los hechos” y la “urgencia”.

El Estado mexicano ya entregó un primer reporte respecto al caso en el cual solicitan asistencia técnica.

Ya ha existido una reunión entre los representantes de la CIDH con los padres de Familia de los Normalistas Desaparecidos. También se reunieron al mismo tiempo con representantes de centros de Derechos Humanos y una delegación gubernamental – el secretario de Gobernación, el Procurador de Justicia, el Consejero Jurídico.

“La prioridad es ubicar a los desaparecidos y dar con los responsables.” Señaló En dicho encuentro, Álvarez Icaza 

La CIDH ayudará a mediano Plazo al Estado Mexicano y no a corto plazo al caso, ya que a pesar de que es un organismo especializado en esto, sus poderes no deben sustituir las habilidades del Estado en estos asuntos.

No dejó de señalar que lo ocurrido en Iguala tiene distintos elementos que se dejaron pasar, hablando de las denuncias ya erigidas respecto a los vínculos de crimen organizado de Jose Luis Abarca

Indicó que si el estado comete delitos, es de mayor gravedad. Recordando también lo sucedido en Atlatlaya donde los militares ejecutaron a 22 personas.

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