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A través de un comunicado, las asociaciones civiles, artísticas y promotores que integran la Red de Organizaciones de Cultura y el Arte en Michoacán (ROCA), se oponen a la decisión del Congreso del Estado en declarar a la tauromaquia y charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial.
Por tal motivo y a cinco días de que venza el plazo para que el gobernador publique en el Periódico Oficial, o bien devuelva al Congreso dicho decreto, las organizaciones manifestaron su oposición, ya que “no representa el interés general de la sociedad michoacana, y por considerar cuestionable su legitimidad, no sólo por tratarse de una figura de salvaguarda que fue creada al vapor y sin ningún sustento jurídico, sino porque emana de un proceso legislativo viciado de origen”.
Ante el hecho, la organización ha hecho un llamado al gobernador Salvador Jara para que “regrese el decreto con observaciones al Poder Legislativo; en caso contrario si decide hacer lo propio para que entre en vigor, estaría avalando un proceso legislativo con irregularidades tales como que un diputado firme en ausencia de otro”.
Ya que dicha promulgación aseguran, definirá también un estilo de gobierno en el que las decisiones autoritarias de espaldas a la sociedad y la opacidad serían sus rasgos distintivos.
Aquí parte del comunicado:
Colectivos defensores de los derechos de los animales han expuesto las razones en las que sustentan su oposición a dicha declaratoria. Los integrantes de ROCA exponemos nuestros argumentos, enfocados más en el procedimiento para emitir una declaratoria patrimonial, y los riesgos que conlleva el hecho de que un grupo reducido de diputados reclame para si la facultad de crear una figura de salvaguarda que no está contemplada en ningún marco legislativo, además de no estar definidos los lineamientos para otorgar dicha distinción y mucho menos para hacerla efectiva en la práctica.
La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (París, 2003) establece que el patrimonio cultural inmaterial se constituye por los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. En ese mismo sentido lo reconoce la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Michoacán en su artículo 18.
Un aspecto fundamental del patrimonio cultural en general es que conlleva el principio de identidad de una comunidad, en tal sentido habría que preguntarse si un espectáculo taurino, como lo son las corridas de toros, alientan la identidad de la sociedad michoacana. En defensa de las corridas de toros, los diputados esgrimen en el decreto argumentos fincados en la derrama económica que este espectáculo genera, por lo que se vislumbra un interés lucrativo antes que identitario o de cohesión social.
Que se sepa que no se convocó a ningún sector de la sociedad ni a ninguna institución para garantizar una declaración patrimonial consensuada, lo que deja entrever que dicha declaratoria corresponde a intereses mercantilistas o electorales de algunos diputados. Si bien el proceso legislativo contó con el quorum mínimo para ser llevado a cabo, bien vale la pena señalar la poca legitimidad que tuvo dicho proceso. Es preocupante que una figura de salvaguarda patrimonial se otorgue por primera vez en Michoacán en esas condiciones: sin consenso de sectores sociales e instituciones, y con intereses poco claros.
Para justificar su declaratoria, los diputados afirman en el decreto que las corridas de toros son “recreadas constantemente por las comunidades y grupos que congenian con esta actividad a pesar de que un bloque social minoritario no lo comparte”; Sería pertinente que los legisladores precisaran cuántas comunidades de Michoacán realizan de manera constante ese tipo de espectáculo.
Respecto a quienes se oponen a la fiesta brava y que los diputados identifican como un “bloque social minoritario” hay datos que merecen ser considerados: una encuesta reciente del Gabinete y Comunicación Estratégica revela que el 80 por ciento de los mexicanos encuestados reconocen que en dicho espectáculo se maltrata a los animales, 65.6 por ciento están a favor de que se prohíban y 64 por ciento incluso estarían dispuestos a asistir a una manifestación para su prohibición.
Con el propósito de legitimar su declaratoria patrimonial, los legisladores citan en el decreto los preceptos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, pero no los aplican a pie juntillas cuando argumentan: “la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial, como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres”. Es claro que su declaración sólo abona al encono y la polarización entre el “bloque social minoritario” de pro taurinos y un grueso de la población que se opone a la fiesta brava.
Si la intención de los diputados de salvaguardar las tradiciones y manifestaciones culturales en Michoacán es genuina, los exhortamos a que den marcha atrás a ese decreto, y que trabajen por el reconocimiento jurídico de la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de Michoacán, dejando asentada esa figura en la Ley de Desarrollo Cultural del Estado para después reglamentar sus criterios de selección y las obligaciones institucionales y hasta presupuestales para hacerla efectiva.
