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La “volatilidad” que caracterizó la administración de Fausto Vallejo Figueroa, que incluyó constantes cambios dentro de su gabinete, entre ellos el cargo de jefe del Ejecutivo de la entidad, impidió que se cumpliera con la agenda de gobierno propuesta por la sociedad civil y los órganos empresariales, reconoció el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez Delgado.
Ramírez Delgado aclaró que dicha “volatilidad” ocasionó no solo el incumplimiento de la mayoría de propuestas, sino el desequilibrio gubernamental, aunque reconoció que se avanzó en materia de combate a la inseguridad, aunque aclaró que ello se debió al apoyo que brindó el gobierno federal.
Ante ello, detalló que el próximo 26 de mayo, 100 asociaciones civiles presentarán una agenda de gobierno a los 6 candidatos al Ejecutivo de la entidad, conformada por propuestas en 6 ejes que abarca los ámbitos de educación de calidad; seguridad y justicia; desarrollo económico, sustentable y competitivo; desarrollo social y combate a la pobreza; protección y cuidado al medio ambiente y gobierno eficaz y honesto.
El presidente de Fucidim señaló que la intención es ahora presentar la agenda de gobernabilidad para Michoacán a los aspirantes a la jefatura del Ejecutivo estatal, misma que deberán comprometerse a tomar en cuenta, y que deberán signar, como un compromiso para emprender, en caso de llevar a desempeñar el cargo de gobernador del estado.
Aunque Roberto Ramírez consideró que el único asunto en que se avanzó durante la administración de Vallejo Figueroa, fue que reconoció el avance en el combate a la inseguridad, pero ello a través de la intervención del gobierno federal.
Sin embargo, comentó que el problema de la seguridad no se ha erradicado a plenitud, luego del enfrentamiento ocurrido en Tanhuato el pasado viernes, donde fallecieron 43 supuestos integrantes de un cartel delictivo.
Sin embargo, reconoció la necesidad de fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de una Secretaría de Justicia o Fiscalía, a efecto de mejorar el abatimiento de los delitos de fuero federal y común.
