STAFF / Marco Antonio Duarte
Errores de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ) en la investigación por el enfrentamiento del 16 de diciembre en la comunidad de La Ruana, obligaron a la Séptima Sala Penal a revocar el auto de formal prisión en contra de Hipólito Mora Chávez, fundador de los Grupos de Autodefensa, y de Luis Antonio Torres González “El Americano”, así como de sus respectivos seguidores.
Así lo confirmó Víctor Barragán Benítez, magistrado de esta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), quien precisó que en la averiguación previa penal que la PGJ consignó al Poder Judicial no existen las pruebas fehacientes que hicieran presumir la responsabilidad de alguno de ellos, o de sus hombres, en la muerte de once personas en este enfrentamiento.
De esta forma, el procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy Castro, colocado ahí por órdenes de Alfredo Castillo Cervantes, ex comisionado federal en Michoacán, tendrá que reiniciar las investigaciones para buscar e identificar a los presuntos responsables del inicio del enfrentamiento y de las 11 muertes.
Barragán Benítez aclaró que el caso no está cerrado e incluso se pueden girar nuevas órdenes de aprehensión en contra de Hipólito Mora y “El Americano”, si la PGJ así lo solicita una vez al corregir los errores que presenta la consignación de la averiguación previa.
“Debo aclarar que la investigación no ha terminado, la institución encargada de investigar los delitos sigue abierta teniendo la posibilidad de corregir los errores, que se advirtieron, con las diligencias respectivas para que pueda cambiar el rumbo de la decisión”, dijo
El magistrado evitó revelar cuáles fueron los errores que cometió la PGJ, al considerar que al hacerlo estaría asumiendo el rol de investigador y no de juez, pero fuentes del Poder Judicial informaron que el Ministerio Público evitó integrar pruebas como la huella balística de las armas utilizadas, así como peritajes en la escena del crimen.
Víctor Barragán detalló que su Sala Penal giró recomendaciones al Gobierno del Estado para que garantice la seguridad de Buenavista y evitar nuevos enfrentamientos entre ambos grupos, además de que será el Poder Ejecutivo el responsable del pago de indemnizaciones a familiares de los once muertos, de acuerdo a la Ley General de Víctimas.
“En lo que a las víctimas se refiere, también se giró –una recomendación- al titular del Poder Ejecutivo para que instrumente los mecanismos y se vea lo relativo a la indemnización correspondiente, tomando en cuenta que de acuerdo a la Ley General de Víctimas del Delito, el Estado debe responder por ese pago por la reparación del daño”, precisó.
